A- de 2024

Conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Tribunal Superior de San José del Guaviare y la comunidad Puinave- Porvenir, resguardo de El Paujil.

La causa que origina la controversia consiste en investigación penal adelantada por la Fiscalía 33 Seccional del municipio de Inírida, Guainía,contra un ciudadano, miembro de comunidad indígena, por por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia y advierte que el elemento personal se encuentra satisfecho, por cuanto el procesado hace parte de la comunidad.

El elemento territorial se satisface pues se advierte que la comunidad a la que pertenece el procesado, despliega sus usos y costumbres en el municipio de Inírida, lugar de ocurrencia de los hechos.

Sobre el factor objetivo, la Sala considera que no es determinante en este caso, por cuanto el tipo penal que se adelanta contra el imputado, el cual protege el bien jurídico de la seguridad pública, se lesiona cuando se altera la tranquilidad en la comunidad y se genera desconfianza colectiva para el ejercicio de las actividades ordinarias.

Por ende, se trata de una conducta respecto de la cual la cultura mayoritaria tiene interés en su judicialización, en tanto atenta contra la colectividad y desconoce el monopolio de las armas en cabeza del Estado.

Le corresponde entonces a la Sala analizar con mayor rigor el factor institucional, que no se encuentra acreditado por cuanto la comunidad no logró demostrar una capacidad institucional suficiente para perseguir la comisión de un tipo penal de peligro abstracto y proteger un bien jurídico del que también es titular la sociedad mayoritaria, no está probado cómo se pretende garantizar la efectiva investigación de la conducta, en la medida en que la autoridad indígena no definió los parámetros, mecanismos ni procedimientos para la aplicación de la justicia propia frente al punible cometido por el procesado, ni la forma en que se garantizaría la no repetición de la conducta.

Ante dicho análisis, la Corte decide asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria, en la especialidad penal, y resuelve remitir el expediente al Tribunal Superior de San José del Guaviare para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a la comunidad Puinave- Porvenir, resguardo de El Paujil y a los sujetos procesales interesados en este trámite.